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1 联合国 大会 Distr.: General 17 February 2011 Chinese Original: Spanish 人权理事会 }è¹ ~ zèr 6 ³ 普遍定期审议工作组报告 * 巴拿马 受审议国对结论和 / 或建议提出的意见 作出的自愿承诺和答复 * z ²rŠü µáið ± GE (C)

2 1. ͺ ro ³ q ý Ârox o} gýšü t ko~ rq qÿµ 2. ± Í r ³ Çq x ö Í q Çq} x t ko~}è¹ ~ Ð r } 3. o Í t ko~ ~  ǎ x q² 4. o ¾t ÁÈ ³ q ~g 2010 žq q} 120 úÿ x o ~ x ýt ko~ r 5. ͺ κõ ºpdnt gà gì Ít gàq ²z 6. Í õøšü q 7. Í g ºx {ý Âx~ Çq ³² z Í ² ~t q Ç Žº 8. Í ro Ê q} t ko~ 已接受的已执行或正在执行的建议 69.1 Ì ³ ÂÐ Ÿ ³ ÂÐ Ÿ ˆÌ ü} ³ Ð Ÿ g ² ³ Ð Ÿ âfì ³ Ð Ÿ g ² ³ Ð Ÿ } ³ Ð Ÿ  ³ Ð Ÿ Âzp Å ÍtŸÙ Ê q ³ Ð Ÿ } ³ Ð Ÿ ³ Ð Ÿ ³ Ð Ÿ ²ØØ ³ Ð Ÿ 13 2 GE

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4 70.3 Â Í ý ro t ³ ² ¹ 32 ( 70.2) 70.4 jf rµp ý ~ ro È ºfâ y Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ¹ { l t ³ ² ¹ 33 ( ) 70.5 ïm ºp ² ÊÁÈ ² Í g  l qùœ 70.7 ³ Ð Ÿ Í o ºpÚ 169 ú¹ ( öµ t ¹ )q ~ ~ hÿ ý ùo Âl Í ý r xž g  l ² ý¼â rë ~ 70.8 ïm ºp} 169 ú¹ q 70.7 q âfì Í ³² µ ¹Å µ Å q¼ p  iý ¹ é r ~ Íp 2004 o o p oq 36 ² ²z ö q Ä Â ñê ȳ ºp q Ê q Â Ì zò jf ýšü t ko~g öç Âzp Å ÍtŸÙ Ê Ð ²ö Í Â q Íqt iø ³² 2010 } 6 ú o 1999 ºpÅ Êo«{q} 40 ú 12 x qå qg ²n 2010 q} 6 ú kí o p µ ̹ q 4 GE

5 Ê Í 1990 } 15 ú ³² ¹ Í Î Ã ¹ ƒ ÿ ùœè y µ É qƒˆ ²ØØ Ìq Ø Íº g Ä~q Ì } 14 ú }k { ³²ˆn nä~ x  v ¹º³ ±±ŽnŸÍqt µ Í qêo ˆ ͺ ÊoˆŸ È f z (a) ˆn (b)  v±±žnÿí xö(c) u ¹º yt«r º µé ͺ Ž pv xžn Í ÿ ùœ Äg Ä é ÚÙ Ã ~ Äq ƒt ºp ~q Ì ÚÙ } 344 Ú Šü~ ŠdŠü~Ž Ä 40 t ¼g qšü~ Šrµ o² qägšü~kü ƒt 40 t xv qxÿ ø ~ Äg Šü~Ž ² Ž 10 üh ý ͺ Ÿx È ~²h²z q 굃 xžn ¹ È ~È q²h Ú ÚÙ ö µ ÙÚ ~gºè Óž Ê o È«~q Ì ~  ͺ Ù È }ü  q Ä x 1998 } 23 úÿ x 43 GE

6 Ž 72. (a) Ÿ rµp ý ~ ro ºf q öšü ~³²q y Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ¹ { l t ³ ² ¹ xöºp  ºp t ƒq ¹ (b) Ÿ Ÿ x o ¾ ³ q ~ rð ʳ²Ÿ x ~± g f q  ~ Ÿ Íýü  Çqt 72. (c) Ÿ ýšü t ko~gìz öçà q 45 1 El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó los proyectos de ley ante la Asamblea Nacional de Diputados el día 25 de enero de 2011, Entre los proyectos presentados a consideración de la Asamblea Nacional están los relativos al Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles; Inhumanos o Degradantes; a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ambos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como también el Proyecto de ley por la cual se aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Al respecto ya se le ha dado primer debate en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, a los precitados proyectos de ley. Al respecto se coordinaron esfuerzos que permitieron la participación (a través de solicitudes de cortesías de sala) de los representantes en Panamá de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el primer debate 2 Entre las políticas para el cumplimiento de las leyes para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer podemos mencionar las siguientes: En el tema de maternidad, nuestro país mediante Decreto Ejecutivo No. 428 del 15 de diciembre de 2004, subraya la gratuidad en la atención preventiva y asistencia médica curativa y social de toda mujer durante el embarazo, parto y puerperio, en todos los establecimientos del Ministerio de Salud a nivel nacional. Otro avance es la creación de la oficina de Género del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en Esta oficina ha permitido incidir positivamente en la adecuación de políticas públicas orientadas a garantizar la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, más allá de los sitiales estereotipados a los que históricamente se ha visto asignada, por su condición de género. Adicionalmente puede resaltarse la implementación de la Campaña Maltrato Cero con la participación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y otras Instituciones Gubernamentales. 3 Este aspecto fue garantizado a través de la convocatoria de una Mesa de Diálogo Nacional sobre la Ley 30, donde se invita a los principales sectores de la sociedad (empresarios, organizaciones sindicales, ambientalistas, Iglesia) a participar junto a representantes del Gobierno y Diputados de la Asamblea Nacional, en un diálogo en torno a la normativa en cuestión. Este fue un amplio proceso de Diálogo Nacional que produjo, luego de un debate profundo y en consenso, seis (6) nuevas leyes para el 2010, a saber: 6 GE

7 1. Ley 65 que reforma disposiciones de la ley 41 de 1998 sobre Medio Ambiente. 2. Ley 66 que modifica artículos de la Ley 22 de 2006 (Contratación pública) 3. Ley 67 que modifica artículos del Código Penal. 4. Ley 68 que modifica artículos del Código de Trabajo 5. Ley 74 que modifica artículos de la Ley 18 de 1997 de la Policía Nacional. 6. Ley 89 que dicta disposiciones para promover la Aviación Comercial. 4 En aras del cumplimiento de la recomendación, se realizaron reuniones con la Agente Residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH. En estos encuentros, se acordó la realización de reuniones periódicas entre representantes del Estado y de la Oficina Regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos. El objetivo fundamental es estrechar los lazos, y aprovechar la presencia física de las oficinas regionales, en el marco del cumplimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos, desde una colaboración reciproca para el cumplimiento de las metas trazadas. Adicionalmente se adelantan esfuerzos para establecer, en asocio con la OACNUDH, cursos de formación en materia de derechos humanos, para los funcionarios de las fuerzas de seguridad. 5 En lo que respecta al marco jurídico Panamá cuenta en principio con la Ley 4 del 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres. Esta ley se fundamenta en el principio de prohibir toda discriminación basada en el sexo, la igualdad ante la ley y demás derechos individuales y sociales, e igualmente promueve la equidad, justicia y respeto a la vida humana. A través de esta misma ley, se regulan aspectos vinculados a los derechos de las mujeres indígenas y afro panameñas, y que constituyen medidas directas e indirectas que facilitan el empleo a estos grupos poblacionales. Como resultado de las políticas de Estado en este tema, anotamos que la participación femenina en el mercado laboral panameño ha aumentado considerablemente, sin embargo persiste la desigualdad de oportunidades en el acceso al mercado, y ello a pesar del alto nivel educativo que las mujeres han logrado. 6 Panamá entre su normativa aprobada y vigente cuenta con la Ley No. 38 de 10 de julio de 2001, Que reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial sobre Violencia Doméstica y Maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley No. 27 de 1995 y se dictan otras disposiciones. Otro de los avances para el abordaje de la violencia doméstica, y maltrato al niño, niña y adolescente, lo constituye la creación de las Fiscalías Especializadas en Asuntos de Familia y el Menor. De igual forma se le otorga competencia a las autoridades institucionales para asumir funciones en materia de prevención a las víctimas de violencia doméstica. Al respecto el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con el programa de Asistencia Legal y capacitación sobre prevención de violencia domestica, en ese programa se han beneficiado 2,500 personas en las provincias de Panamá y Veraguas. Ese programa forma parte del subsidio que ofrece la institución a organismos de la sociedad civil. Asimismo en estos momentos se ha consultado a nivel nacional, para adoptar una ley integral que penalice el femicidio, y amplié las medidas de protección. El Plan Nacional para la Prevención, y Atención de la Violencia Doméstica y Políticas de Convivencia Ciudadana se sostiene con la partida que destina el Gobierno Nacional a los proyectos de inversión social, en miras de promover acciones contra la violencia doméstica. El objetivo, es atender la población víctima de violencia de género, entender los fenómenos para una acción eficaz y efectiva participación de la comunidad, a través de su sensibilización y que a la vez contribuya al desarrollo de capacidades de las mujeres; y que ellas mismas sean gestoras de su desarrollo y empoderamiento. 7 El Estado panameño estudia la posibilidad de modificar los artículos 8 y 9 de la Ley No. 16 de 10 de abril de 2002, con el propósito de ampliar las competencias y el número de miembros de la Comisión Nacional contra la Discriminación, a fin de que la misma pueda plantear propuestas al Ejecutivo en materia de no discriminación, conforme a la Constitución Política de la República de Panamá, y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de Derechos Humanos. GE

8 Adicionalmente se pretende establecer por Decreto Ejecutivo una Comisión Nacional Permanente para dar cumplimiento y seguimiento a los compromisos adquiridos por Panamá en el ámbito nacional e internacional en materia de derechos humanos; la cual tendrá entre sus funciones el hacer las propuestas pertinentes para desarrollar legislación y políticas públicas en la materia. Previamente el Estado promulgó la Ley 4 de 1999, que instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, teniendo como objetivo la eliminación de la discriminación sexual, y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres indígenas (art 1). La Ley 4 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, dispone en sus artículos 16 y 17, normas orientadas a proteger al derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad, para mujeres y niñas. 8 Respecto de la Comisión para combatir la Discriminación, creada mediante la Ley 16 de 2002, ver lo plasmado en el pie de página 7. En relación a las acciones de la Defensoría en el tema de Discriminación (69.7 y 69.8), la Institución con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevó a cabo en el pasado mes de septiembre, un taller para analizar la importancia de contar con un Plan Nacional en el combate y eliminación de todas las manifestaciones de racismo, discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia, que aborde todos los grupos afectados por la discriminación, entre ellos mujeres y pueblos indígenas. En este taller participaron representantes de las Defensorías de Perú y Ecuador para aportar la experiencia de sus respectivas instituciones en el tema. El pasado 19 de enero de 2011, se llevó a cabo una reunión con la participación de la Representante de la Oficina del Alto Comisionado, organizaciones afropanameñas, miembros de la Comisión Nacional contra la Discriminación y el Secretario de la Etnia Negra, Ricardo Weeks, en la cual la Coordinadora de Organizaciones Negras de Panamá expresó que cuentan con un Plan que podría servir de base para la elaboración del Plan Nacional. 9 El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no recibe denuncias o quejas de parte de las mujeres trabajadoras, cuando se le solicita la prueba de embarazo. Existe el Decreto 53 del 2002 que reglamenta la Ley 4 de 1999, en la cual se establece la prohibición para exigir esta prueba para el acceso al empleo. Este Decreto establece que: Artículo 38. Se considera discriminación contra la mujer en el trabajo, las solicitudes por los empleadores públicos y privados de pruebas de embarazo, fotografías, limitaciones en la edad, estado civil, aplicación de criterios racistas, etarios o sexistas diferenciados a escala salarial, el acoso moral, y el acoso u hostigamiento sexual. En virtud de esta disposición la Dirección de Inspección realizará inspecciones de oficio y campañas de concientización tanto a los sindicatos de trabajadores como de empleadores. La Ley 11 del 2005 establece en su artículo 3 sanciones que oscilan entre B/.500 a B/.1000 balboas por discriminación laboral. 10 Con respecto a la formación en Derechos Humanos, la Dirección de Educación de la Defensoría del Pueblo, maneja una cifra estadística de 4589 personas capacitadas en Derechos Humanos solamente en el año Tal como se señala en los anexos del documentos que nos fue presentado ayer, se realizan jornadas de capacitación conjuntamente con el Ministerio de Gobierno. En el año 2010, fueron capacitados 200 custodios civiles de los centros penitenciarios producto de un acuerdo de cooperación entre la Defensoría y el Mingo. También recibieron capacitaciones en Derechos Humanos, alrededor de 1000 agentes del Servicio Nacional de Fronteras y aproximadamente 400 agentes de la Policía Nacional que laboran en los centros penitenciarios. Adicionalmente la Defensoría del Pueblo en conjunto con el Ministerio de Gobierno, realizan jornadas de capacitación de custodios penitenciarios en la temática de Procedimiento Penitenciario, Criminología y aspectos criminológicos, así como procedimiento penal y primeros auxilios. Las denuncias en temas de derechos humanos en centros penitenciarios, se está recibiendo por distintos medios, como son los informes de la Defensoría del Pueblo, buzones penitenciarios del Ministerio Público, buzones de la Dirección de Asuntos Penitenciarios del Órgano Judicial y los buzones penitenciarios que son propios del Sistema Penitenciario. También debe destacarse la creación mediante Decreto Ejecutivo 346 de 28 de agosto de 2008, de la 8 GE

9 Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno. 11 El Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), solicitó al Defensoría del Pueblo, que a través de la Dirección de Protección de los Derechos de las Mujeres, realizará un monitoreo in situ de las instancias administrativas en el manejo de los casos de violencia doméstica, en el año El segundo monitoreo con la finalidad de verificar el efectivo cumplimiento de la Ley No. 38 de 2001, se realiza en el año A través del Centro de Orientación y Atención Integral del Ministerio de Desarrollo Social, entre el 2008 a 2010 se ha brindado atención a 4928 personas víctimas de violencia domestica, entre ellas mujeres, niños y ancianos. Igualmente se ha brindado asistencia legal, social y psicológica gratuita a las mujeres víctimas de violencia doméstica.ver lo externado en la recomendación Proyecto de Ley No. 134 que modifica y adiciona artículos a la ley No. 38 de 2001, sobre violencia doméstica. A través de este proyecto de ley se busca ampliar las medidas de protección a la víctima, que debe aplicar la autoridad competente con la finalidad de procurar su completo bienestar físico y psíquico. El Ministerio de Desarrollo Social en articulación con el Instituto Nacional de la Mujer y la Comisión de la Mujer del Órgano Legislativo, han solicitado la agilización del debate sobre el Proyecto de Ley Contra el Femicidio en la Asamblea Legislativa. 13 Ver Observación Adicionalmente se estableció una comisión para elaborar una nueva ley, a fin de atender el tema de la trata de personas de manera integral, y conforme a los estándares internacionales en la materia. El Proyecto de Ley próximamente será enviado al Consejo de Gabinete, para su posterior remisión al Órgano Legislativo. Por otra parte se han celebrado acuerdos con otros países para facilitar el intercambio de información, para la persecución de la delincuencia organizada transnacional, incluyendo el delito de trata de personas. Asimismo, Panamá participa en el Plan Regional contra la Trata de Mujeres , cuya implementación y seguimiento es encomendado a los países a través del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA). En uno de los ejes de este Plan se establece como directriz la realización del Estudio Regional sobre la Normativa en relación a la Trata de Personas en América Central y República Dominicana, y el estudio la Experiencia de las Mujeres Víctimas de Trata en América Central y República Dominicana y la Actuación de las Instituciones, con el propósito de hacer un llamado urgente a todas las instancias públicas, organizaciones privadas y comunidades nacionales a redoblar esfuerzos para poner fin a este delito. La República de Panamá mediante Ley No. 23 de 7 de junio de 2004, adoptó en su legislación la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. El Gobierno de Panamá consciente de ambas preocupaciones realiza esfuerzos a través de capacitaciones para la aplicación del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, a la vez lleva a cabo estudios e intercambios de información para ofrecer una oportuna intervención, entre las diferentes instituciones nacionales. Panamá clasifica al delito de trata de personas como Trata Sexual, Turismo Sexual y Pornografía con Personas Menores de Edad. Al respecto enumeramos la legislación de Panamá sobre el tema. La Ley 23 de 7 de junio de 2004, adoptó en su legislación la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. La ley 16 de 2004 constituye el primer cuerpo de leyes que introduce un cambio en la aplicación y en la lucha contra el delito de trata de personas, al modificar el artículo 231 del Código Penal de GE

10 El artículo 231 del Código Penal, tal como fue modificado por la ley 16 tipificaba la trata sexual que involucra a personas adultas; y el artículo 231-A consagra la trata de niños, niñas, y adolescentes, considerados el principal sujeto a proteger por esta ley. La Ley 16 de 2004 sólo tipifica la trata interna para niños, niñas, y adolescentes. Sin embargo, El Código penal de 2007 amplia la protección e introduce la trata interna para personas adultas. La ley 14 de 2007, modificado por las Leyes 68 de 2009 y 14 de 2010, en la cual se reglamentan y aumentan las sanciones, para tales delitos. El delito de trata de personas constituye en el Nuevo Código Penal una agravante específica para los delitos de Blanqueo de Activos, asociación ilícita para delinquir, pandillerismo y contra la humanidad; lo cual trae como consecuencia que con la entrada en vigencia de este código, se cumplan penas privativas de libertad más largas por la comisión del mismo. 15 Actualmente, el Gobierno Nacional se encuentra ejecutando proyectos de reconstrucción y construcción, de mejoras en diversos planteles educativos a lo largo del territorio nacional; con la finalidad de escolarizar a todos los niños y niñas panameños, y de ese modo cumplir con las metas del milenio que buscan erradicar de manera completa el trabajo infantil. Por otra parte para combatir la deserción escolar, el trabajo infantil y el sostenimiento de la población en edad escolar en el sistema educativo se creó el Programa de Beca Universal, la cual consiste en un apoyo económico de B/ por 9 meses, a todos los estudiantes del nivel básico y media, de centros educativos públicos y privados. Para el quinquenio se presupuesta B/. 400 millones en Becas Universales. Por su parte el Programa de Red de Oportunidades es la entrega de transferencias monetarias condicionadas de 50 dólares mensuales a 63,245 hogares en pobreza extrema, y los estos beneficiarios deben cumplir con una serie de corresponsabilidades en salud, educación, seminarios de capacitación entre otros. Por su parte el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en conjunto con el IFARHU, el Ministerio de Educación y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, brindan atención integral a niños y adolescentes trabajadores, otorgándoles beneficios económicos (becas estudiantiles), por un monto anual de B/.420 balboas y tutorías escolares, mediante la ejecución del programa de acción directa de prevención y erradicación del trabajo infantil, específicamente en el rango de los trabajos prohibidos o por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. Estas becas se le otorgan a los niños por 3 años consecutivos pagadas trimestralmente, brindándoles un acompañamiento social. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral realiza giras a las Provincias de Chiriquí en los Distritos de Renacimiento y Boquete, para captar niños trabajadores en actividades prohibidas como la agricultura; visitas domiciliarias con Trabajadores Sociales; se orienta los padres de familia y se asignan becas de trabajo infantil. La población de estas áreas son de la etnia indígena Nogbe Bugle, de la etnia Negra y niños latinos. Igualmente se realizan giras para los mismos objetivos y se visitan las áreas rurales indígenas de los Distritos de Muná y Nole Duima, en las Comunidades de Cerro Maíz, Cerro Iglesia, Hato Piló, Cerro Tula, Tijeras, en la cual se logró retirar del trabajo infantil e insertar al sistema educativo a más de 100 niños y niñas. 16 El Órgano Ejecutivo creó la comisión especial para investigar los sucesos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro Comisión fue creada mediante Resolución de Gabinete 101 de 21 de julio de 2010 e instalada el 5 de agosto en el Salón Los Próceres del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha Comisión culminó su trabajo de investigación y entregó el 25 de octubre de 2010 un informe al presidente de la República, Informe resultado de sus investigaciones. Ese informe fue elaborado luego de una investigación de 51 días cumpliendo el mandato de a Resolución de Gabinete. Esta investigación cubrió el espectro social, obrero, policial, institucional, sindical y del bocatoreño común. Desde el punto de vista sociolaboral, varias entidades Ministeriales y Sociales, conformaron un equipo interdisciplinario de funcionarios, que se trasladaron al distrito de Changuinola a objeto de 10 GE

11 realizar un listado de las personas afectadas de una u otra manera por estos sucesos. Con esta investigación se ha buscado alcanzar y avanzar en los siguientes objetivos específicos: Establecer la cantidad específica de lesionados y afectados. Detectar necesidades médicas, sociales y laborales. Canalizar las ayudas y soluciones que se puedan dar. Mejorar la calidad de vida de estas personas, por medio de las soluciones presentadas. Orientar sobre los trámites de procesos laborales (despido, reintegro) y administrativos (pensiones, coordinación de atenciones médicas). Promover fórmulas para tratar de reubicar y reinsertar a los trabajadores que resultaron lesionados, pero que no clasifican para pensiones de invalidez. Durante la entrega del Informe de la Comisión el presidente de la República reiteró que fueron lamentables los hechos ocurridos en Bocas del Toro y que el Gobierno trabajará para evitar situaciones similares en el futuro. 17 Ver pie de página 16, en lo relativo a la Comisión de investigación. En lo que respecta a las investigaciones penales, el Ministerio Público desde un primer momento, ha venido desarrollando una pesquisas sobre los sucesos acaecidos en Changuinola, en el cual se han ido evacuando evidencias probatorias para determinar las posibles responsabilidades penales en que se hubiese incurrido. Se trata de una investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes, relacionadas con la presunta (hasta tanto se determine en un sentencia judicial en firme expedida por el Órgano Judicial) afectación de los derechos de vida e integridad personal (homicidio culposo, lesiones dolosas o culposas), y respecto de las afectaciones a la propiedad pública y privada ( robo, entre otros tipos penales aplicables). 18 Ver pie de página 17, en lo relativo a las investigaciones penales. 19 Constitución Política establece la Separación de Poderes y la actuación en armónica colaboración entre los Órganos del Estado. 20 El Ministerio de Gobierno en lo que respecta al tema del Sistema Penitenciario se compromete a realizar lo siguiente: a. Mejoramiento en la atención médica de las personas privadas de libertad b. Autorizar los depósitos domiciliarios a privados(as) de libertad, con enfermedades crónicas y terminales, previa evaluación de la Junta Técnica, Salud y Medicatura Forense. c. Mejorar el Control de la Calidad de los Alimentos, d. Otorgar Conmutaciones de pena por trabajo o estudio realizado por el privados(a) de libertad, previa aprobación de la Junta Técnica; y e. Otorgar libertades condicionales y/o reducción de penas, siempre que. se cumplan los requisitos legales. 21 El Órgano Judicial realiza un Plan de Descongestión Judicial a partir de la Ley 62 de 2009 Que Modifica un Artículo del Código Judicial y Autoriza la Creación de Tribunales de Descongestión Judicial y Dicta Otra Disposición y faculta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para crear juzgados de circuito, municipales o tribunales superiores de justicia, con carácter temporal, cuando se justifique por razones de congestión judicial. En lo judicial, hasta noviembre del año pasado 2011, ingresaron al sistema un total de 132 mil 724 casos que sumados a los 92 mil 535 expedientes pendientes del año 2009 dan un total de 225 mil 259 casos a nivel nacional y en todas las jurisdicciones, lo que demuestra el elevado grado de litigiosidad presente en nuestra sociedad. De esos 225 mil 259 casos, 140 mil 225 expedientes fueron tramitados y culminaron con una resolución contentiva de una decisión judicial. Pendientes de resolver quedaron 85 mil 34 casos. Existen 282 jueces y magistrados en todo el territorio nacional, lo que representa 8 juzgadores por cada 100 mil habitantes, que reciben expedientes, de los cuales se resuelven según el área geográfica y materia un promedio de 497 causas por juzgador. La carga laboral es similar para los defensores públicos y para los defensores de las víctimas de los delitos. Durante el último año se ha impulsado la Mediación, como método alterno de resolución de GE

12 conflictos, en aquellos casos permitidos por ley. Al respecto se abrieron nuevos Centros de Mediación en Penonomé y Bocas del Toro, y una vez a la semana mediadores viajan a La Chorrera para atender la necesidad de este servicio. Existen quejas y cuestionamientos sobre el desempeño judicial que mora en los procesos; para atender ese clamor por la resolución de los casos, este año se ha impulsado el programa de Descongestión Judicial, con el objeto de auxiliar a aquellos despachos con carga o complejidad de trabajo que superan su capacidad normal, principalmente en asuntos pendientes de realización de audiencia, de dictación de sentencias o resoluciones que le pongan fin al proceso, de trámites vitales para el impulso procesal u otras actuaciones judiciales que, por los niveles de litigiosidad o de las posibilidades de respuesta, generan retardo en la resolución oportuna de los conflictos judiciales. Para ejecutar este singular e innovador programa, que modifica la forma de gestión sin afectar el debido proceso, constituimos una oficina compuesta por 26 juzgadores idóneos y un equipo de apoyo que opera en el ámbito distrital, circuítal y municipal, en las diferentes materias y en todo el territorio nacional dentro de los juzgados o tribunales donde se hayan identificado áreas críticas de gestión. Además, como elemento transformador que ha solucionado en gran medida la falta de espacio en las sedes judiciales para la ejecución del programa de descongestión, se adquirieron 4 despachos móviles acondicionados con 7 salas de audiencias y oficinas de trabajo habilitadas tecnológicamente para movilizarse a los distintos circuitos judiciales. También se cuenta con locales para las oficinas de descongestión en el edificio sede, en Plaza Edison, en San Miguelito y en David. De este programa confirman las cifras obtenidas desde el 5 de enero al 31 de diciembre de Realizamos 4,216 audiencias, 306 expedientes civiles fueron abiertos a pruebas y 17,399 casos fueron resueltos, lo cual demuestra la eficiencia y efectividad del programa de descongestión Judicial. Para hacer más eficientes los despachos judiciales, replicamos en el ámbito nacional el modelo de gestión judicial basado en los servicios comunes. Es así como fortalecimos el Registro Único de Entrada, los Centros de Información y Atención al Ciudadano, los Centros de Custodia de Expedientes Vigentes, los Centros de Comunicaciones Judiciales y la Oficina de Consulta y copiado de expedientes en Panamá, La Chorrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. Igualmente se fortalecieron las vídeo-audiencias permitiendo llevar a cabo los juicios programados, sin la necesidad de transportar al sindicado hasta el tribunal y asegurándole sus garantías constitucionales. En ese sentido, podemos indicar que en el transcurso del 2010, se han logrado evacuar 453 videoaudiencias, lo cual representa la atención directa de 400 personas privadas de libertad, a los cuales se les resolvió su situación jurídica. 22 El 2011 es un año relevante para la Justicia en Panamá, pues en septiembre entrará a regir el nuevo Sistema Penal Acusatorio en el Segundo Distrito Judicial, que abarca las provincias de Coclé y Veraguas. La pronta ejecución del Sistema Penal de Corte Acusatorio permitirá afrontar uno de los mayores retos que afronta Panamá, que consiste en atender las necesidades que desde hace mucho, afectan la función que debe cumplir la Justicia Penal, debido a que nuestros magistrados, jueces y fiscales, se encuentran bajo parámetros legales excesivamente inquisitivos, formalistas y en definitiva poco garantistas. Ello promueve entre otras cosas la irracionalidad en la determinación de las medidas cautelares, lo que genera la existencia de procesados detenidos sin condena, fenómenos estos que, mediante la entrada en vigencia del Sistema Acusatorio el Estado panameño pretende erradicar. 23 Ver pie de página 21, en lo concerniente al proceso de descongestión judicial. 24 En Panamá las empresas televisoras acordaron recientemente la Autorregulación de su programación orientada a la, protección de la infancia, la juventud y demás sectores vulnerables, con relación a ciertos temas tales como la violencia, la discriminación, re victimización, el consumo de drogas y otros, sin violentar los principios de libertad de expresión y difusión. Asimismo, la prensa escrita en Panamá se ha auto regulado, por razones de integridad, de profesionalismo y de responsabilidad social. Por otra parte la Asamblea Nacional ha recibido durante el final de la última legislatura, sendos proyectos de ley que abordan el tema de la despenalización de la calumnia e injuria. Este Órgano de 12 GE

13 Poder del Estado se ha comprometido ha impulsar consultas y un amplio debate sobre el tema, a fin de armonizar nuestra legislación a los estándares internacionales en la materia. 25 Es un hecho conocido que en el área indígena se encuentra focalizada la pobreza extrema en Panamá, por tanto el Ministerio de Gobierno adelanta programa de cooperación, para la creación de granjas auto sostenibles de producción alimentaria en estas áreas. Está en preparación el Sistema Único de Beneficiarios para identificar a las usuarias de todos lo programas sociales existentes en las instituciones gubernamentales, de esa manera se evita redoblar esfuerzos. El Gobierno adelanta el Programa Nacional Red de Oportunidades, que es un proyecto de Estado como parte del desarrollo de la estrategia de combate a la extrema pobreza conformado por diversas instituciones gubernamentales enfocadas en brindar sus servicios a los corregimientos identificados por el mapa de pobreza y el estudio de vulnerabilidad social, para insertar a las familias en las dinámicas del desarrollo nacional, por medio del fortalecimiento del capital humano y social. El esfuerzo conjunto de la Red de Oportunidades está orientado a confrontar las causas de la pobreza promoviendo la organización social, el fortalecimiento de las comunidades y el desarrollo de las capacidades productivas para la generación de ingresos de los hogares en pobreza extrema. El Ministerio de Desarrollo Social avanza en el desarrollo de programas nacionales de transferencias monetarias condicionadas que inciden en los factores estructurales de los hogares en extrema pobreza, incorporando beneficiarios de todas las edades y tienen como ejes transversales el enfoque de género, de ciudadanía y desarrollo humano. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) cuenta con el programa Red de Oportunidades (RdO), el cual está dirigido a persona en extrema pobreza. Este programa cubre el 93% de la población con un total de 71,038 usuarias en la República de Panamá, cuyos resultados han sido exitosas. En educación: 88% de los Centros Educativos reportaron corresponsabilidad, 82% de los niños entre 4 a 17 años se matricularon, 91% registraron matrícula en el área rural, 83% en el área indígena, 92% de los niños entre 4 a 17 años cumplieron con corresponsabilidades. En Salud: 60% de los niños asisten a vacunación, 91% de los niños menores de cinco años asisten a controles de salud, 95% de los niños asisten a los controles de crecimiento y desarrollo, 87% de los niños de áreas indígenas de menos de cinco años asisten a controles de crecimiento y desarrollo. Se espera próximamente el Censo de Vulnerabilidad social para aumentar la cobertura nacional. La Dirección de Inversión Social, a través del Programa Redes Territoriales para este año, tiene el objetivo de fortalecer y crear nuevas redes a nivel nacional, con la finalidad de contribuir a disminuir la pobreza en, aquellos lugares poblados o Comunidades de los corregimientos donde reposa el mayor índice de marginalidad social. Por medio de las Redes Comunitarias se visualizan los problemas fundamentales en que viven estas familias, tratando de buscar las soluciones de sus problemas. Este programa le brinda a toda la población capacitaciones de autogestión, de salubridad, educación, Ética y Valores, mejorando las condiciones de vida de estas poblaciones. Siendo Redes Territoriales la plataforma para que todos los programas que se implementan en el Mides lleguen a las Comunidades, facilitando las articulaciones con las Instituciones responsables de darle solución a las problemáticas identificadas (Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Inadeh, Senadis) ONGs, Iglesias, Autoridades locales. Con nuestra intervención identificamos y focalizamos los casos con vulnerabilidad social procurando una atención inmediata. Este proceso de organización comunitaria se realiza con una metodología que garantiza la participación ciudadana y una eficiencia en la utilización de la inversión social. En cuanto al punto la consolidación de los programas de reducción de la pobreza. Se realizaron captaciones de familias de extrema pobreza, sus respectivos informes sociales para ser incluidos al programa Red de oportunidades y 100 a los 70. El Ministerio de Desarrollo Social crea la Oficina para el programa de Desarrollo Social Seguro (Resolución. 019 del 21 de febrero de 2006). En esa oficina se crea y se ejecuta el Programa Desarrollo de Acciones por una Esperanza con el propósito de contribuir a la inserción social de los GE

14 adolescentes y jóvenes pertenecientes a bandas mediante el mejoramiento de la calidad de vida, realizando acciones integrales interinstitucionales y participativas. Proyectos en esa línea: Dame Tu Mano donde se han beneficiado hasta el momento 1,452 personas. 26 Mediante la Ley N 44 de 4 de agosto de 2009, modificada por la Ley N 86 de 18 de noviembre de 2010, se regula el Programa Especial de Asistencia Económica para los Adultos Mayores de setenta (70) años y más sin jubilación ni pensión, que busca la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores, así como su participación social, garantizando que esta población beneficiada con la asistencia monetaria, hagan uso continuado y eficaz, de los servicios de salud, para lograr una práctica efectiva que refleje disminución de costos de salud, hospitalarios y urgentes de este sector de la población. Desde los inicios del Programa se ha cumplido con el propósito de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de setenta (70) años y más, mientras se contribuye a la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación y aprovechamiento de los servicios de salud específicos para este rango de edad. Adicionalmente existe el denominado Proyecto de Cohesión Social, que está dirigido a orientar el progreso de la descentralización, al mismo tiempo que plantea a las instituciones lo que debemos hacer con el fin de alcanzar los beneficios inherentes a un desarrollo descentralizado e incluyente de la ciudadanía. El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con 30 comedores que en el año 2010 han beneficiado 26,921 niños, niñas, mujeres embarazadas y adolescentes a nivel nacional. Programa de Recuperación Nutricional cuyo objetivo es la de mejorar la condición de desnutrición u desnutrición crónica a niños y niñas en situación de pobreza y pobreza extrema. Se ha beneficiado 33,942 niños con problemas de desnutrición entre niños y niñas. Ese programa forma parte del subsidio que ofrece el MIDES a organismo de la sociedad civil. 27 Se desarrolla el Proyecto de Alfabetización Muévete por Panamá, empleando la metodología cubana Yo, si Puedo, la cual ha llegado a más de 125,387 personas iletradas en nuestro país, logrando alfabetizar aproximadamente a más de 59 mil 18 personas desde su inicio en el año Panamá resalta su compromiso para el cumplimiento del Objetivo N 2, y con esa meta en mente busca intensificar el proceso de enseñanza, para poner en marcha un programa de educación primaria flexible y adecuado, que se adapta a las características culturales de la población más vulnerable en ambientes cercanos a los lugares de residencia. Igualmente estaremos implementando el programa de post-alfabetización o primaria flexible Yo, si puedo seguir este año Cobertura de alfabetización en 9 provincias y 3 Comarcas Indígenas: Más de 58 mil personas alfabetizadas a nivel nacional, a través del esfuerzo de 14,309 voluntarios de los cuales 10, 395 son mujeres capacitados en metodología: Yo Si Puedo. 28 En Panamá se han aprobado diversas leyes para el reconocimiento del derecho a la tierra de los pueblos indígenas, como son las leyes que crean la comarca Kuna Yala (L16/53), la comarca Embera Wounaan (L22/83), la comarca Kuna de Madungandi (L24/96), la comarca Ngabe Bugle (L10/97), la comarca Kuna de Wargandi (L34/00), y la Ley 72 de 2008, que establece un procedimiento especial para solicitar el titulo colectivo de tierras a favor de las comunidades indígenas que quedaron fuera de las comarcas. 29 Mediante la Ley 41 de 1998 sobre Medio Ambiente se instaura un conjunto de derechos de los pueblos y comarcas indígenas, entre los cuales se encuentra la realización de consultas para establecer acuerdo con los representantes de las comunidades, relativos a estos derechos y costumbres, así como a la observación de beneficio compensatorios por el uso de los recursos, conocimiento o tierras. Más recientemente, el Gobierno promulga la Ley 65 de 2010 que reforma la Ley 41, introduciendo las Guías de Buenas Practicas Ambientales, según las cuales la autoridad pone en conocimiento del pueblo la información base sobre un tema especifico y solicita las opiniones, sugerencias y propuestas de las personas. 30 El Gobierno se compromete a mantener vigente disposición de la Ley sobre medio ambiente, que preceptúa que en casos de actividades, obras o proyectos desarrollados dentro del territorio de las 14 GE

15 comunidades indígenas, los procedimientos de consultas se orientarán a establecer acuerdo con los representantes de las comunidades, relativos a estos derechos y costumbres, así como a la observación de beneficio compensatorios por el uso de los recursos, conocimiento o tierras. 31 Se encuentra pendiente la adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto el Estado panameño ha sostenido reuniones con representantes de OACNUDH, quienes han sugerido la posibilidad de invitar a expertos que expondrán a funcionarios panameños de las instituciones pertinentes, los alcances de las obligaciones contenidas en este instrumento internacional, a fin de que el país tome una decisión informada respecto de adherirse o no al Protocolo. 32 Se encuentra pendiente la adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (consultar el pie de página 31). Asimismo se encuentra pendiente la viabilidad de adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias. Existen objeciones de instituciones panameñas, que señalan que la adhesión a este instrumento, conllevaría la necesidad de una reforma constitucional. La OACNUDH ha manifestado también la posibilidad de que expertos visiten Panamá, a fin de conocer las implicaciones para el país, en el evento de darse una eventual adhesión. 33 Ver pie de página 31 en lo concerniente a los DESC. 34 Respecto de los trabajadores migrantes consultar el pie de página Se encuentra pendiente la adhesión a la Convención Iberoamericana de los derechos de los jóvenes. Se hacen los análisis necesarios, toda vez que la misma plantea problemas respecto de la definición de joven, en contraste con la definición de la Convención de los Derechos del Niño. 36 Artículo 19: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 37 TÍTULO XIII REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ARTÍCULO 313: La iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes procedimientos: 1) Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran. 2) Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la segunda legislatura. ARTÍCULO 314: Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. En este caso, los peticionarios tendrán hasta seis meses para cumplir con este requisito de conformidad con el reglamento que al efecto expida el Tribunal Electoral. Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la GE

16 formalización de la solicitud de convocatoria. Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales respectivas a sus integrantes. La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes. La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral. El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral. El Acto Constitucional aprobado con arreglo a cualquiera de los procedimientos señalados en este artículo y en el artículo anterior, empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles que siguen a su ratificación por la Asamblea Nacional, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según fuere el caso, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad. 38 En la actualidad Panamá esta en un Proceso de Consulta y Revisión del Plan de Acción de la Etnia Negra también se encuentra en la implementación de los Proyectos y Planes de la Comisión Nacional contra la Discriminación. Cabe señalar o destacar que en el Plan de Acción de la Etnia Negra de Panamá, esta con miras a fortalecer las medidas nacionales para los Afrodescendientes en beneficio en relación con el pleno goce de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos, su participación e integración en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad y la promoción de un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y cultura. Mediante la Ley No.16 de 2002, se crea la Comisión contra la Discriminación; que analiza la aplicación por parte de la Republica de Panamá de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y recomienda al Órgano Ejecutivo propuestas que permitan incorporar a la Agenda del Estado el Derecho a la No Discriminación. 39 De acuerdo al Ministerio de Gobierno la población de adolescentes y mayores de 18 años que se encuentran internos en los Centros de Custodia y de Cumplimiento de Adolescentes al día de hoy es 412 privados y privadas de libertad, distribuidos en 6 centros a nivel nacional, así: CENTROS CUSTODIA CUMPLIMIENTO TOTAL INTERNOS CAPACIDAD DEL CENTRO Custodia Arco Iris (Tocumen) Cumplimiento de Tocumen Residencia Femenina Custodia y Cumplimiento Basilio Lakas Custodia y Cumplimiento de Herrera Custodia y Cumplimiento de Chiriqui GE

17 40 En la República de Panamá no contamos con una legislación exclusiva que trate el tema del castigo corporal a los niños y niñas, pero por otro lado debemos mencionar que el artículo No.199 de nuestro Código Penal, prohíbe el maltrato a niños, niñas y adolescentes, y lo sanciona con prisión de 2 a 4 años (SENNIAF) Sobre la prohibición de todas las formas de castigos corporal a los niños; se realizaron capacitaciones y sensibilizaciones a los Educadores de las Escuelas en las áreas de intervención de la Dirección de Inversión Social del Ministerio de Desarrollo Social. Se sensibilizó y capacitó a los niños y adolescentes en referencia a sus Deberes Y Derechos, se sensibilizo a los padres de familia en cuanto a los Deberes y Derechos de los niños, en el tema de la Comunicación en el hogar y el fortalecimiento de los valores éticos y morales. (Dirección Nacional de Inversión Social. MIDES). 41 Se realizarán consultas amplias tendientes a la presentación en un futuro próximo, de una proyecto de ley que eleve la edad mínima de matrimonio, tanto para hombres y mujeres; atendiendo a las recomendaciones que los Órganos de Supervisión de Tratados han planteado previamente al Estado panameño. 42 La República de Panamá se compromete a garantizar a las personas que ingresan al país en busca de protección o refugio, sin discriminación alguna, derecho a acceder de manera expedita al procedimiento aplicable establecido en esta materia, igualmente se les garantiza su seguridad y la protección efectiva en cumplimiento con los principios, entre los que se encuentran, el No rechazo en la frontera, No sanción por ingreso ilegal o irregular, No devolución al país de donde salió debido a fundados temores de persecución. 43 Actualmente se encuentra vigente el Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998, que recoge los principios básicos en materia de protección de los refugiados y solicitantes de refugio. 44 Ver 70.2, 70.4 y Ver GE